Ser residente fiscal de un país significa que se le considera domiciliado allí a efectos impositivos. En concreto, es ese país el que tiene competencia para gravar sus ingresos mundiales (salarios, dividendos, plusvalías…).
La dificultad surge cuando varios países pueden reclamar su residencia fiscal; por ejemplo, si vive entre dos jurisdicciones o si crea una sociedad fuera de su país de residencia habitual.
Según el derecho francés, se le considera residente fiscal si cumple alguno de estos criterios:
Aunque cree una LTD en Inglaterra o una sociedad en Bulgaria, si su familia y sus ingresos principales están en Francia, seguirá siendo residente fiscal francés.
Cuando un contribuyente puede ser considerado residente de dos países diferentes, los convenios fiscales bilaterales permiten decidir. Siguen una jerarquía:
Estos convenios evitan la doble imposición, pero solo funcionan si sus declaraciones son coherentes y transparentes.
La residencia fiscal afecta directamente a sus decisiones estratégicas:
Muchos emprendedores piensan que, al crear una sociedad offshore, escapan automáticamente de la fiscalidad francesa. En realidad, si la residencia fiscal permanece en Francia, los beneficios repatriados tributarán en Francia y la sociedad puede ser recalificada.
Ejemplo: un consultor con sede en París abre una LLP en el Reino Unido sin clientes británicos. Si sus ingresos se perciben y gestionan desde Francia, la administración tributaria considerará que esta sociedad debe tributar en Francia.
La residencia fiscal es un concepto clave que ningún emprendedor internacional debe ignorar. Determina dónde tributan sus ingresos y protege su proyecto ante las administraciones.
En la práctica:
En service-societe.com, ayudamos a nuestros clientes a analizar su situación, optimizar su fiscalidad y elegir la jurisdicción adecuada para su proyecto, teniendo en cuenta su residencia fiscal real.